El crecimiento y la expansión territorial ha dado paso el fenómeno denominado metropolización, que conjuntamente con la globalización, son respuesta a modelos emergentes multidimensionales progresivos en el último siglo. según el arquitecto y doctor en Arquitectura y Estudios Urbanos, Marko Quiroga Berazaín, su dinámica también se hace presente en Bolivia, y de manera legal se produce un proceso de metropolización de Cochabamba, que, sin embargo, compromete hasta la fecha una gran reflexión.
“La evidencia de crecimiento y expansión urbana, no reflejan mayores situaciones comparativas con otras ciudades capitales latinoamericanas, que efectivamente se representan como entidades territoriales mayores, las cuales demuestran además de la expansión y concentración poblacional, ser un verdadero centro de aporte a la economía nacional, y generan una conexión internacional sociocultural, productiva y de conocimiento”, contextualizó el arquitecto.
Detalló que la acelerada expansión urbana en Cochabamba que traspone los límites municipales, como característica del proceso de metropolización, da cuenta de la transformación de los modos de vida habituales y la generación de un modelo territorial complejo, en el cual la nueva estructura va conformando espacios polimórficos con condiciones de exclusión social, segregación residencial y nueva marginalidad.
Las demandas metropolitanas para su consolidación como tal suelen ser controversiales al analizar estas tendencias, dentro de las escalas de la teoría de localización y de crecimiento y en las políticas de planificación y ordenación del territorio, que históricamente nunca fueron muy bien atendidas, evidenciando el contraste entre la ciudad y su entorno conurbano. Actualmente en Cochabamba la controversia continúa, respecto del rol del poder público ante el proceso de expansión urbana y concentración poblacional, y por ende ante la segregación socio espacial en el contexto físico.
Explicó que este fenómeno marcado por el consumo indiscriminado de recursos naturales, que se acerca peligrosamente a un sobregiro ecológico, y por la ocupación fragmentada de suelos de alto valor productivo o de superficies afectadas por riesgos naturales, conforma un crecimiento urbano disperso de asentamientos de baja densidad, y una marcada diferencia de distribución espacial de población fragmentada en una diversidad de zonas residenciales.
Cochabamba consolidó su región metropolitana hace ocho años
Las ciudades latinoamericanas generan una dinámica insólita de ampliación de límites urbanos, producto de migraciones internas y externas. Se expanden infatigablemente de forma dispersa -casi siempre sin reglamentación urbanística-, conformando pequeños asentamientos de muy baja densidad, transformando paulatinamente el uso de suelo de áreas destinadas a producción agrícola, reserva ecológica, o zonas de recarga acuífera, lo que potencia progresivas periurbanizaciones que demandan posteriormente su regularización e integración a la trama urbana.
“Cochabamba no quedó exenta a este fenómeno. Consolidó su región metropolitana hace ocho años, sin desarrollar aún respuestas eficientes a problemas regionales. Este proceso urbanístico lejos de establecer coherentemente un desarrollo metropolitano equitativo y una gestión institucional planificada regionalmente, solo referencia terminológicamente una nueva entidad territorial, que no armoniza escenarios de habitabilidad con su realidad infraestructural”, manifestó Quiroga.
Las ventajas comparativas que oferta Cochabamba, su vocación absolutamente definida y el enfrentamiento de algunos problemas, no permiten hablar de una ciudad equilibrada en términos de sustentabilidad.
Desde la perspectiva social, los ingresos de coparticipación han posibilitado a los gobiernos municipales generar una serie de proyectos -no necesariamente integrales ni estructurales-, que hoy constituyen parte del patrimonio urbano, sin que esencialmente aporten en el mejoramiento de la funcionalidad ni de la imagen urbana.
“Esta connotación social deja percibir con mayor claridad las grandes diferencias entre sectores urbanos; la fragmentación y la exclusión, traducidas en marginalidad, incremento del empleo informal, inaccesibilidad del transporte, carencias de servicios básicos, como características negativas resultantes del proceso”, acotó.
Desde la dimensión económica, el mejor referente es el sector privado de desarrollo inmobiliario, que asimiló la estructura metropolitana para ratificar el excepcional crecimiento económico de los últimos tiempos, realizando inversiones nacionales e internacionales en el sector habitacional, cuyo resultado -no obstante, la imagen moderna y globalizada que aparenta mostrar-, tampoco aportó en el ordenamiento de la ciudad. Además, intenta, sin lograrlo, invisibilizar de alguna manera la pobreza y la precariedad periférica emergente del fenómeno expansivo.
“Desde la dimensión política institucional, el espacio urbano que concentra 40 por ciento más de población urbana respecto del Censo 2001, aún no genera políticas públicas adecuadas ni desarrolla instrumentos de planificación acordes a su nueva condición”, resaltó.
Desde la perspectiva ambiental, el incremento poblacional y el crecimiento de la mancha urbana, multiplican problemas de manejo de gestión de residuos sólidos, congestión vehicular, contaminación, inseguridad, por citar algunos, que ahora deben ser solucionados desde la escala metropolitana.
A decir del arquitecto, la metropolización aún no logra el manejo integral del territorio. Ha posibilitado asentamientos de nuevas urbanizaciones en las periferias, ha permitido el desarrollo inmobiliario de los centros urbanos dentro de una anomia institucional, pero no promueve una gestión del desarrollo, por lo que corre el riesgo de generar una ciudad dual en el corto plazo.
La otra cara del fenómeno metropolitano
“La constante desatención de la actividad rural, disminución de hectáreas de ciclo productivo, reducción de la frontera agrícola, transformación del uso del suelo, especulación del suelo, y migración de áreas rurales a la ciudad, ha provocado la configuración de áreas urbanas periféricas y marginales demandantes de servicios como soporte de habitabilidad”, expresó Quiroga, lo que genera grandes impactos negativos, que exigen de la administración pública y ciudadanía una nueva forma de actuar que excluyan soluciones de satisfacción temporal.
Vivir en una metrópoli proporciona ventajas irrefutables; significa mayor oportunidad de empleo, acceso al uso de espacios públicos y recreacionales, servicios educativos y de salud, mayor producción innovadora de alto avance tecnológico, mayor productividad y mejores salarios. No obstante, en su proceso de consolidación también da cuenta de segregación residencial, con fuerte apreciación de desigualdad en la distribución socioespacial de la población.
“La tendencia a la metropolización, matizada por el alto grado de heterogeneidad y caracterizada por una fuerte ocupación urbana, requiere una redistribución territorial de la población en los municipios metropolitanos de Cochabamba”, hizo énfasis el experto.
Es probable que algunos temas de tratamiento menor, vinculados a la contigüidad territorial de los municipios puedan ser atendidos de manera conjunta, pero aquellas necesidades mayores de alcance metropolitano no están todavía resueltas.
“El fenómeno NIMBY (no en mi patio trasero, en su traducción al español) está muy presente en la mentalidad municipal al momento de tener que ceder territorio local para atender problemáticas generales. Ejemplos claros, se pueden mencionar en la localización para emplazar un relleno sanitario metropolitano de amplia ingeniería sanitaria y ambiental, la movilidad urbana, el tratamiento integral del rio Rocha, o la preservación del Parque Nacional Tunari”, expresó.
Sobre este punto Quiroga recordó que el neourbanismo, como paradigma del Siglo XXI, reflexiona sobre la satisfacción de demandas y exigencias que impone la nueva forma de pensar la ciudad, ratificando y consolidando espacios democráticos de participación ciudadana e iniciativas de apoyo a la construcción de planes estratégicos de largo plazo, pertinentes y viables capaces de optimizar las condiciones de habitabilidad ciudadana.
Sacaba, Cochabamba y Quillacollo representan la relación funcional más dinámica y solicitada
Fundamentalmente, el eje de conurbación de Cochabamba, caracterizado por la adyacencia física de los municipios de Sacaba, Cochabamba y Quillacollo, aún representan la relación funcional más dinámica y solicitada de la actual región metropolitana.
Según Quiroga, las características industriales, de comercio y servicios, por una parte; y la mayor densificación poblacional por otra, le asignan este carácter. Se suma a esto la presencia de la infraestructura vial más importante en la red troncal metropolitana.
La avenida Blanco Galindo, que articula los municipios de Cochabamba, Colcapirhua, Quillacollo, Vinto y Sipe-Sipe (en estos dos últimos, denominada Albina Patiño y Confital, respectivamente), vincula la zona comercial, industrial, residencial, con nodos conectores importantes que intersecan con las avenidas Melchor Pérez de Holguín, Beijín, Reducto, entre otras, de amplio tránsito vehicular, permitiendo la movilidad de más de 100 mil personas diariamente.
La avenida Eliodoro Villazón, que conecta el municipio de Cochabamba con Sacaba, con un flujo de más de 100 mil habitantes por día, también presenta las condiciones de vinculación con más de 15 intersecciones transversales, con tránsito del tren metropolitano en la línea amarilla con ocho estaciones, desde la Estación Central San Antonio, pasando por el río Rocha para hacia El Castillo, y que pueden convertirse en intermodales, consolidando una secuencia de micro centralidades.
Además de la implementación de nuevas centralidades vinculadas con equipamientos del sector financiero metropolitano, administración pública y privada, espacios públicos, áreas verdes y un estadio al que le puede asignar una influencia regional.
Cochabamba tiene una ley que regula la conformación metropolitana
La Ley N° 533, de 27 de mayo de 2014, determina la Ley de Creación de la Región Metropolitana “Kanata” del departamento de Cochabamba, como una entidad territorial y espacio de planificación y gestión; compuesta por los municipios de Sacaba, Cochabamba. Tiquipaya, Colcapirhua, Quillacollo, Vinto y Sipe-Sipe, conformando un Consejo Metropolitano como órgano superior de coordinación para la administración metropolitana (Art. 1), y cuya aplicación involucra a los gobiernos autónomos municipales que conforman la Región Metropolitana “Kanata”, al Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba y al nivel central del Estado (Art. 3).
“Esta Ley, actual y vigente regula la conformación metropolitana; sin embargo, aún no logró la generación de acciones coordinadas que solucionen problemas que afectan la integralidad del territorio, los cuales son parte de una injusticia que en varios casos ya normalizamos como sociedad”, lamentó Marko Quiroga.
Entre esas dificultades mencionó varios como ser el mejoramiento de los servicios de transporte, la gestión ambiental, la seguridad ciudadana, la competitividad económica, los criterios de extensión del área urbanizable, la consolidación y la densificación de la urbanización, el sistema de espacios públicos que incluye áreas verdes, nuevos parques intermunicipales y zonas de forestación como parte del cinturón ecológico metropolitano, la vialidad estructurante que articule los municipios menores con la “gran ciudad” y los servicios básicos. Todo ello connota posibilidades de una ciudad aún sin plan metropolitano, aunque con diversos proyectos municipales.
Este escenario relativamente reciente demanda la necesidad de incorporar en la nueva estructura pública de planificación territorial, una autoridad metropolitana, y la presencia de políticas públicas con competencia territorial metropolitana, que concilien el crecimiento económico con la justicia social, aspectos que en otros contextos metropolitanos latinoamericanos fueron parte de los procesos emergentes del enfoque de desarrollo de los años cincuenta, en algunos casos hasta la actualidad.
“En términos legales, el fenómeno metropolizador está presente, pero en la práctica su proceso expansivo, a pesar de su adyacencia física como unidad socioespacial, no ha podido consolidarse aún como una nueva entidad territorial, y a pesar de los esfuerzos institucionales y ciudadanos, resalta una problemática que abarca aspectos de afectación individual de cada uno de los municipios que la conforman”, alegó.
Resultaría propicio adecuar experiencias y políticas, asumidas en otros contextos que ya experimentaron este proceso, con el objetivo de disminuir, por una parte, la alta marginalidad, la degradación ambiental y el desequilibrio entre la capacidad natural del sistema y las emergencias provocadas por las demandas sociales.
Por otra parte, continuó, es importante superar el estado de anomia existente en esta expansión heterogénea, que provoca diferentes formas de concentración urbana en el centro y en la periferia, a fin de mejorar el disímil reparto de regalías del crecimiento económico urbano, la reproducción de desigualdades socioeconómicas y ambientales y un estado de conflictividad e ingobernabilidad social.
Los problemas requieren de atención integral a mayor escala geográfica
El arquitecto Quiroga expuso que planificar el desarrollo de la nueva concepción territorial metropolitana en Cochabamba genera en la población una expectación técnica más que política, más centrada en la solución de problemas cuyos efectos son responsabilidad de las estructuras institucionales encargadas de enfrentarlos.
“Hasta ahora, Los siete municipios que conforman la Región Metropolitana Kanata han desarrollado gestiones sectoriales dentro de una estructura institucional fragmentada, con planes de desarrollo propios forzosamente limitados a sus jurisdicciones, alcanzando soluciones parciales a problemas que requieren de atención integral a mayor escala geográfica”, recalcó.
Son visibles los espacios urbanos donde solo existen comunidades privadas sin comunicación con entornos de diferente segmento socioeconómico, lo que promueve una gran barrera para el desarrollo urbano, en oposición al concepto de ciudad, en términos de colectividad compartida, armónica e inclusiva.
Especificó que la proliferación de condominios cerrados, equipamientos e infraestructura accesoria que satisface necesidad y comodidad de “unos” y no de los “otros”, genera segregación con consecuencias de mayor pobreza, creando obstáculos en el acceso a servicios básicos de infraestructura, como agua, energía, alcantarilla; de salud, educación, recolección de basura, transporte, mayor costo de desplazamiento, cesantía laboral, menor concepto de familia, mayor renuncia, y por tanto, mayor resentimiento, mayor descontento social, posible delincuencia, sin aporte al desarrollo, consolidando un modelo de pobreza por la exclusión urbana dentro de la propia ciudad, donde las oportunidades para surgir son restringidas y disímiles.
Para Quiroga, este enfoque territorial de reproducción de clases sociales de segregación y discriminación, es la representación de una ciudad desorganizada y excluyente, cuya superación demanda una construcción humana del habitar sin privilegios, sin reclusión ni expulsión, con derecho igualitario, orientado a reconfigurar la vida urbana con guiones más democráticos, desafiando en el debate público la búsqueda de integración física, espacial, social y económica.
Hay que realizar lineamientos de planificación
“Nuestro medio lamentablemente desde hace muchas gestiones no cuenta con un marco de planificación y una visión de desarrollo que tengan como base un Plan Concertado Participativo -ya sea municipal y menos aún regional-, como instrumento de ordenamiento urbano y territorial, emergente de la síntesis de un marco estratégico participativo”, describió Marko Quiroga.
Ambas escalas deberían identificar y realizar lineamientos de planificación que modelicen esquemas urbano-metropolitanos, dentro de una programación urbanística de ejes estratégicos y manejo de sistemas dinámicos del crecimiento urbano (regeneración de usos de suelo, mejoramiento de las condiciones de vida de la población, y producción de dinámicas sostenidas de desarrollo).
También se debería considerar una propuesta de mejora urbanística, con el planteamiento de proyectos estructurantes de sistemas capaces de fortalecer la prestación de servicios metropolitanos, la normatividad institucional, y el mejoramiento socioambiental (equipamientos, infraestructura, mobiliario, servicios básicos, uso del suelo, espacios públicos, movilidad y transporte).
En Cochabamba aún no existe competencia metropolitana que pueda administrar externalidades provenientes de los municipios. Para convivir armónicamente, es importante analizar en la entidad territorial (meso) la posibilidad de determinar elementos que permitan un modelo metropolitano capaz de establecer políticas públicas de esta magnitud, frente a las competencias de una entidad (macro) departamental que muy poco puede incidir en estrategias directas de apoyo metropolitano; no obstante que la representación máxima se encuentra a cargo de la misma autoridad política.
El reto es proponer gestiones proyectadas a largo plazo
Para el arquitecto, el mayor desafío consiste en proponer gestiones inmediatas con perspectiva de largo plazo para habitar de manera digna el territorio metropolitano durante los próximos 50 años, insertas en la nueva organización territorial del Estado, cuya facultad legislativa no es exclusividad del nivel central del Estado, sino que puede consolidarse en el estatuto del gobierno autónomo departamental y de las cartas orgánicas municipales, inscribiendo la visión y los objetivos de la ciudad que queremos para el futuro.
“La solución metropolitana no puede ser en ningún momento la suma de soluciones municipales que no necesariamente apuntan a mejorar la situación metropolitana, dado que, en el ejercicio de sus autonomías, los municipios, obviamente atienden primero sus propias necesidades”, recalcó.
La ciudad entendida como un todo y no solo como suma de subunidades urbanas o micro poderes reguladores de áreas urbanas mínimas, no depende únicamente de la municipalización de ciudades, sino que requiere de un organismo central que analice la problemática con visión integral y establezca parámetros de crecimiento planificado. Una larga lista de necesidades debe transformarse en proyectos consensuados y participativos, con objetivos concretos de largo alcance y presupuesto idóneo, inscritos en una agenda urbana de satisfacción de prioridades de corto, mediano y largo plazo.
Es urgente establecer una propuesta técnica participativa de planes de corto, mediano y largo plazo, donde se inscriba una planificación integral de la expansión metropolitana con condiciones de sustentabilidad y en el marco de una Política Nacional de Desarrollo Urbano. Esta planificación no solo debe circunscribir la ampliación del área urbanizable para acoger la población futura ni establecer los límites urbanos, sino que, dentro de las líneas de acción de desarrollo social, económico, ambiental e institucional, debe considerar zonificar los usos del suelo con la definición de modelos de infraestructura y equipamientos de las áreas que se incorporarán como urbanas.
Quiroga explicó que un primer plan debería incluir tres objetivos fundamentales. El primero es incrementar áreas verdes, como resultado de porcentajes de cesión del desarrollo inmobiliario que conjuguen con el mejoramiento de espacios públicos, para interacción social distribuidos equitativamente en la periferia como en áreas interiores de bajos ingresos, aportando en la reducción de la inseguridad ciudadana. El segundo, reducir la segregación socio-espacial promoviendo en los proyectos inmobiliarios de magnitud la incorporación porcentual de cuotas de viviendas social dentro de las nuevas zonas urbanizables, consolidando la accesibilidad a equipamientos educacionales, de salud, comercio y recreación. El tercer objetivo radica en establecer la conectividad eficiente entre el centro y la periferia, a través de vías troncales que deberían ser construidas por las empresas inmobiliarias como requisito de urbanización.
Planificación multiescalar y desarrollo urbano
Para el arquitecto, los desafíos urbanos del siglo XXI y las necesidades efectivas de la población deben ser atendidas por la planificación multiescalar en tanto proceso de construcción de proyecto colectivo, asistidas por redes alternativas compuestas por académicos críticos y organismos sociales que confronten los actuales paradigmas y políticas públicas ejecutados por gobernantes, consultores y agencias de desarrollo internacional con tendencia hegemónica desregulada.
“Es urgente comenzar a trabajar sobre algunos indicadores territoriales que definan el crecimiento urbano a través de la generación de espacios urbanizados densificados y mayormente compactos”, dijo, que contemplen un modo adecuado de movilidad privilegiando en el mediano plazo el transporte público masivo; que establezcan una complementariedad con los usos de suelo y una interacción con los subsistemas ecológicos; y que reduzcan paulatinamente la segregación socioespacial.
El desarrollo urbano concebido en la práctica cotidiana no homogeniza la connotación manejada por responsables técnico-administrativos de otros escenarios latinoamericanos, donde su organización fundamentalmente recae en competencia absoluta del Estado, a través de sus escalas y sus instancias pertinentes, locales y regionales, y la participación tercerizada de empresas paramunicipales o privadas, dentro de una articulación progresiva de planificación que organiza el territorio.
Resaltó la importancia de que la formulación de estos lineamientos de planificación del desarrollo urbano-metropolitano debe considerar como base de partida las orientaciones de los planes vigentes, e instrumentos elaborados arduamente en gestiones anteriores, que contienen visiones de desarrollo inscritos en los PDM, PDD, PTDI, que admiten un background emergente del trabajo técnico, participación ciudadana, seminarios, talleres, foros, consultas con actores públicos y sociedad civil, de los municipios metropolitanos y de la gobernación, evaluadas comparativamente para lograr un Plan de Desarrollo Concertado de largo plazo, que responda a la característica de ciudad policéntrica, articulada y sostenible, y redefina usos de su territorio en armonía con sus ecosistemas circundantes.
“El actual crecimiento económico coadyuva la oportunidad de transformar la ciudad en un modelo urbano metropolitano, similar a otras ciudades emblemáticas latinoamericanas, debiendo todas las administraciones edilicias respetar y cumplir con la continuidad de los lineamientos y la visión que plantee el Plan pensando simplemente en el desarrollo, la ciudad y los ciudadanos”, comentó.
Establecer patrones de crecimiento y planificación de ciudades, manejar biodiversidad urbana, abordar instrumentos de gestión urbana, institucionalidad, multigobernanza ambiental, ecología política y desarrollo de conflictos urbanos, son ineludibles para Quiroga, más allá de identificar elementos ecológicos, que resultan insuficientes para su protección y conservación; por lo que es preciso ahondar en políticas de ecología urbana; con serio análisis de los eco-intereses, en claro conocimiento que la respuesta a la crisis ecológica tiene carácter más político que científico.
Al no existir políticas públicas metropolitanas que encaren eficientemente problemas metropolitanos, no estará presente jurídicamente una figura institucional metropolitana que atienda la problemática, ni tampoco un presupuesto que pueda ser utilizado en un solo territorio municipal para atender una demanda metropolitana.
Indicó que es posible repensar la voluntad política que moldea esta nueva arquitectura espacial. Las autoridades deben generar entelequias con capacidad de crear un reciclaje urbano total con intervención simultánea a nivel local, metropolitano, y nacional, en el que no se pida nada, sino se posibilite lo que corresponde por derecho, teniendo como base de coexistencia ciudadana la satisfacción igualitaria de necesidades públicas. “Finalmente, es preciso reflexionar una política de desarrollo urbano que establezca principios, objetivos y líneas de acción para aportar en el mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes, que aunque compleja, requiere normas que reconozcan propósitos distintos en determinadas temporalidades, pero propios de necesidades específicas, ordenando las múltiples variables que inciden en el desarrollo de las ciudades y centros poblados para alcanzar mejoras cualitativas relevantes para el logro de convivencia armónica entre la heterogeneidad cultural y diversidad de sus habitantes”, concluyó.