Por Christian Andrés Aramayo Arce
Director de proyecto del Centro de estudios públicos POPULI
Santa Cruz es la capital económica de Bolivia, cuenta con los niveles de prosperidad más altos de Bolivia, los indicadores más altos en cuanto a cobertura de servicios básicos y, por si fuera poco, cuenta con el porcentaje de pobreza extrema más bajo de Bolivia. Así las cosas, cabe preguntarse ¿cómo es que la capital económica de Bolivia puede continuar con niveles de informalidad tan altos? Y es que, no se trata de un dato menor. Según el Observatorio Urbano de la Cámara de la Construcción, 7 de cada 10 construcciones son informales. Según informes internacionales, la informalidad económica puede llegar a alcanzar el 85% de la economía.
¿De quién es la culpa?
La pregunta no tiene un sentido práctico, la informalidad es elevada desde hace décadas en el país. Sin embargo, existen barreras a tomar en cuenta que se traducen en el índice de libertad económica del Instituto Fraser (Canadá) y la Fundación Heritage (EEUU). Algunas de ellas son los permisos de construcción y las licencias de funcionamiento (patentes municipales) por actividad económica.
La informalidad genera desafíos para emprendedores, familias y para el propio Estado. Para los emprendedores, dificulta el acceso a fuentes de financiamiento como créditos, evita la posibilidad de programas de soporte público. En cuanto al sector público, la informalidad limita el ingreso que podría percibir el Estado y no permite contar con información para poder focalizar políticas públicas de soporte ante alguna contingencia. Por último, y no menos importante, la informalidad impide que las familias no puedan tener estabilidad ni seguridad laboral.
Al respecto, el Centro de Estudios Públicos POPULI realizó un estudio económico que cuantificó en detalle estos fenómenos sociales y un estudio jurídico sobre las licencias de funcionamiento y los permisos de construcción, ambos de competencia municipal.
El estudio económico cuantificó el costo económico de obtener una licencia de funcionamiento y un permiso de construcción considerando el tiempo, los aranceles (o pagos administrativos estrictamente legales) y el transporte bajo el supuesto de que el trámite sea aceptado sin observaciones. El trabajo de campo fue realizado por 45 días calendario. Los resultados fueron traspuestos al salario mínimo nacional.
Resultados. El costo total por obtener una licencia de funcionamiento de un negocio pequeño, digamos, una oficina de contabilidad o un freelancer, llega a ser 4.11 salarios mínimos, donde el 90% del coste es por el factor tiempo. Es decir, que el pequeño emprendedor tendría que tramitar durante aproximadamente 4 meses para poder obtener la licencia de funcionamiento municipal por la vía legal.
En cuanto al permiso de construcción, para construir una vivienda pequeña (152mts), el costo estimado alcanza 13.7 salarios mínimos. Para construcciones de edificios multifamiliares, sólo la variable tiempo implica una demora de más de un año calendario (248 días hábiles), lo que afecta fuertemente a toda la cadena de producción de la actividad de la construcción, desde los financiadores hasta los proveedores de insumos.
El trabajo de investigación fue presentado de manera preliminar a los actores empresariales y técnicos relacionados al tema. Fueron 6 meses de discusión técnica junto a la Cámara Departamental de la Pequeña Industria y Artesanías de Santa Cruz (Cadepia), Colegio de Arquitectos de Santa Cruz (Cascz), Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz (Cadex), Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (Fepsc), Cámara Hotelera y Cámara Gastronómica
Es muy importante resaltar el trabajo y la voluntad interinstitucional que desembocó en una propuesta legislativa que fue entregada a finales de septiembre como regalo a Santa Cruz bajo un liderazgo con rostro de mujer: el proyecto de ley fue presentado por Carolina Gutiérrez y Cintia Lizarazu, Presidenta de Cadecocruz y Presidenta de Cadepia, respectivamente.
El proyecto de ley fue recibido en una reunión pública con el Presidente del Concejo Municipal, Israel Alcocer, quien hizo declaraciones públicas de apoyar la iniciativa y el espíritu de la norma. A la semana, el proyecto ingresó a la plenaria del Concejo y, luego de ser tratada en el legislativo municipal, el proyecto de normativa se encuentra actualmente en revisión técnica del ejecutivo municipal, en la Secretaría Municipal de Planificación, quienes hasta la fecha (9 de diciembre), han generado señales importantes de contar con una voluntad de aplicar innovación a la gestión municipal en beneficio del ciudadano, particularmente desde la secretaria de planificación, arquitecta Andrea Daza y la Directora de Regulación Urbana, arquitecta Blanca Rojas.
El proyecto gira en torno a tres ejes: la digitalización, la simplificación de procesos y la terciarización, haciendo que la aplicación de la propuesta implique un ínfimo costo al municipio y una prestación del servicio, acelerando los procesos de formalización gracias a la incorporación de tecnología. Cabe señalar que la norma no contempla una modificación al Código de Urbanismo y Obras del municipio, pero sí hace un llamado a que se lleve adelante una sesión con los actores técnicos de la sociedad que ya están contemplados en la ley para que traten los procedimientos establecidos en norma. La propuesta jurídica se realiza en el marco de la Constitución Política del Estado, la ley marco de autonomías y las leyes municipales de simplificación de trámites, asociaciones público privadas, entre otras.
Impacto: con la aplicación de la propuesta de ley la licencia de funcionamiento para pasaría de 82 días hábiles a tan solo 13 días hábiles debido a que se digitalizaría el plano de uso de suelos y el certificado de compatibilidad de uso. Con una modificación integral, se podría llegar a sacar el trámite en menos de 5 días hábiles. Por el lado de los permisos de construcción, se contempla que de más de 115 días hábiles (para las construcciones de categoría más pequeñas) pase de 115 días hábiles (casi 6 meses) a 56 días hábiles (menos de 3 meses).
Si bien, las reformas pueden ser insuficientes, se puede llegar a estándares de aprobación ágil en base a experiencias internacionales como las de la Entidad Colaboradora de Proyectos (ECP) en Ecuador, donde pasaron a emitir los permisos de construcción en solo 17 días hábiles; sin embargo, para ello se tendría que aplicar los principios de terciarización, digitalización y simplificación incluso en la parte administrativa del CUO. Cabe destacar que se tiene conocimiento de la grata experiencia de la ECP gracias a gestiones internacionales del Colegio de Arquitectos de Santa Cruz.
Por el lado de la municipalidad, según el Centro de Estudios Públicos POPULI, con un promedio (2017-2021) de recaudación por patentes municipales de Bs. 119 millones, sólo con la formalización de 1 de cada 3 negocios en Santa Cruz los ingresos municipales pudieran incrementarse entre un 14% y 33%.
Viabilidad financiera: la terciarización implicaría un gasto ínfimo para el municipio y permitiría brindar, bajo alguna de las modalidades municipales vigentes (concesión, alianza público-privada o empresa mixta) un servicio que permita incrementar los ingresos municipales y mejorar el servicio a la población. Estas ventajas financieras de las Alianzas Público Privadas fueron reconocidas con anterioridad por el mismo Alcalde municipal.
Viabilidad técnica: la normativa vigente es clara en cuanto a los procedimientos técnicos, para poder modificarlos, es importante observar el Código de Urbanismo y Obras del municipio de Santa Cruz de la Sierra. Para ello, el proyecto de ley incorpora que se sigan los procedimientos señalados en el CUO para que, desde el punto de vista técnico se realicen los cambios pertinentes en el componente administrativo-procedimental.
Perspectiva. Luego de la presentación del proyecto de ley, se espera que se realicen espacios técnicos entre autoridades municipales y las cámaras que participaron del proyecto, de tal manera que se realicen informes jurídicos, técnicos y financieros para el concejo municipal y, posteriormente, se trate en general y en detalle, el proyecto de ley municipal con un beneficio directo para el ecosistema emprendedor y el sector de la construcción de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Santa Cruz es la capital económica de Bolivia, cuenta con los niveles de prosperidad más altos de Bolivia, los indicadores más altos en cuanto a cobertura de servicios básicos y, por si fuera poco, cuenta con el porcentaje de pobreza extrema más bajo de Bolivia. Hoy se dan señales notables de la voluntad política e institucional para tender puentes y así constituir las bases en la construcción de un futuro próspero para la región y el país.
Datos
- A marzo de 2022, la base empresarial vigente de Santa Cruz de la Sierra llegaba a las 91.218 empresas.
- Se estima que la informalidad en los negocios oscila entre el 65% al 85%.
- Según el Observatorio Urbano, 7 de cada 10 construcciones se dan bajo condiciones de informalidad.