Situación actual de las constructoras

Situación actual de las constructoras

La construcción se constituye como uno de los sectores productivos que mayor riqueza aporta a la sociedad, por su participación tanto en la cantidad de empresas dedicadas a actividades directas y relacionadas (cerca de 14.000 establecimientos en Bolivia), así como por el efecto multiplicador generado por la mano de obra empleada. Por ello a nivel internacional se considera a este sector industrial como el mayor empleador del mundo.

Como un antecedente de la situación que se vive en el sector, los representantes de gremios productivos, constructores, empresas productoras y ferreterías insisten  que la construcción esta de caída por la pandemia y se vive una paulatina desaceleración del sector, llegando a los números rojos y provocando el cierre de empresas y por ende la perdida de empleos y desmoronamiento del sistema productivo. Algunas empresas constructoras, señalan que de crecer un 18% el 2015  a estar apunto de cerrar este 2020, por las pandemias y coyuntura política.

La Cámara Boliviana de la Construcción (CABOCO), a través de su presidente Luis Bustillos, señala, que el sector de la construcción esta en  un riesgo entre presiones de impuestos de una inminente caída y extinción acelerada del empresariado constructor privado nacional, a causa de la desatención de las autoridades nacionales. “Esta situación oportunamente evaluada y exigida en reiteradas oportunidades, sin una señal de sosiego originada desde el Estado”, manifiesto Bustillos.

De igual forma, se reactivarán otros sectores que forman parte de la cadena de producción del sector como registros de la propiedad y notarias. Estas últimas ya están operando desde el jueves 23 de abril del 2020 tras la resolución del Consejo Nacional de la Judicatura, que establece “autorizar a las y los notarios el otorgamiento de escrituras públicas de promesa de compra y venta de bienes inmuebles durante la emergencia sanitaria por covid-19”.

Dentro de la problemática del sector muestra un escenario donde se configura única y exclusivamente en la falta de cancelación de planillas de pago, liberación de garantías de obras concluidas, baja ejecución de la inversión pública programada y otros aspectos relacionados con la seguridad jurídica, que no están siendo cumplidos a cabalidad por los diferentes contratantes, tanto del Gobierno Central como de los gobiernos Subnacionales.

Con datos del Banco Central de Bolivia (BCB), así como del Instituto Nacional de Estadista (INE), los constructores muestran que, al primer trimestre del 2020, la caída en el sector construcción (-19.21%), fue profundizada aún más por menores desembolsos de créditos destinados a este sector en el sistema financiero nacional, por otra parte, el presupuesto programado de inversión pública en 2020 es menor en 17.5% con respecto a la gestión anterior. Con todos estos índices desalentadores el BCB ha previsto una contracción del sector de la construcción de un 18%.

Además citan un informe del Servicio de Impuestos Nacionales sobre la población desocupada cesante afectada por la cuarentena en el sector de la construcción, desde el mes de abril a julio, la misma que bordea los 200 mil trabajadores de la construcción, cuando en años anteriores la construcción era un líder en la generación del empleo, esta afectación, alcanzará no solo al empresario sino también a las familias de los trabajadores cuyos ingresos dependen de la ejecución de obras de construcción.

“Es altamente preocupante que, además de todos los datos desalentadores que se tienen para el futuro del sector, los constructores deben lidiar con los abusos de los contratantes, que no cumplen con sus obligaciones de pago oportuno, y que exigen muchas veces con amenazas de cobro de garantías se ejecuten las obras, aspecto que definitivamente va en contra de los derechos del contratista”, señaló Bustillos.

La entidad pública contratante y el contratista, conocen cual es el beneficio que esperan obtener del contrato de obra, para la entidad, será el logro de los fines del Estado y para el contratista, la obtención de un beneficio económico legítimo y justo y a su favor por la obra ejecutada, como también está establecida en la Constitución Política del Estado.

De igual forma ante los retrasos en los pagos de los contratos, reclaman el cumplimiento del Decreto Supremo No. 0181, otras normas modificatorias y el Documento Base de Contratación (modelo de contrato), que especifican que el pago será “paralelo al progreso de la obra”, a este fin mensualmente el contratista a los 5 días hábiles del mes vencido presenta su planilla de avance de obra, debidamente respaldada y firmada, para el proceso de pago, el mismo que no debería extenderse más de 45 días calendario.

“No se trata de exigir sin dar, más al contrario se exige cuando se cumple, es por todo lo explicado que como constructores haremos valer nuestros derechos por el bien de nuestro sector, y de las más de un millón de personas que viven de la actividad de la construcción, y lo más importante el bienestar económico de nuestro país, porque no olvidemos que el sector que más mueve la economía y genera empleo en una situación de estado normal, es la Construcción”, concluye el Bustillos.

Grandes perdidas

El paro de actividades en el país a consecuencia de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus representa una pérdida económica de al menos 3.000 millones de bolivianos para el sector de la construcción.

Esta situación pone en riesgo  de cierre a más del 90 % de las empresas constructoras, la mayoría pequeñas. Ante esta situación, y con la finalidad de evitar el cierre de empresas y mantener los niveles de empleo cuando finalice el periodo de cuarentena, se propone habilitar una línea de crédito de liquidez de emergencia de hasta 7.000 millones de bolivianos a través del Banco Unión orientado a otorgar préstamos de apoyo a las empresas.

La propuesta apunta a priorizar las pequeñas y medianas empresas para que puedan cumplir sus obligaciones entre correspondientes al periodo comprendido entre abril y junio. La tasa de interés sería del 1 % a cinco años plazo, con un año de periodo de gracia.

Para Bustillos el país se encuentra en un momento extraordinario y debe ser acompañado con medidas extraordinarias. “El Banco Central de Bolivia (BCB) tiene que prestar esa plata”, afirma, a tiempo de mencionar que el BCB también tiene la capacidad de controlar una posible tensión inflacionaria ante el aumento de la base monetaria.

El presidente de Coboco señala que la inyección de liquidez a las empresas del sector de la construcción debe ser inmediato, pues de esa manera se podrá enfrentar un periodo de post cuarentena que será más complejo. No adoptar esta medida significaría la pérdida de 250.000 a 300.000 empleos en toda Bolivia.

“Es una enorme responsabilidad por sus potenciales consecuencias futuras que el Gobierno puede no querer asumir en solitario, para lo que proponemos como constructores la convocatoria a todas las organizaciones políticas, sociales, empresariales, académicas y laborales de Bolivia para suscribir un gran Acuerdo Nacional contra el coronavirus COVID-19”, admitió Bustillos.

Sugieren usar Bs 12.000 MM destinados a Planta de Propileno en obras que demanden mano de obra nacional. Como una medida de salida a la crisis generada por el coronavirus y una inversión de emergencia con un monto de 10.000 MM que permita la ejecución de obras y proyectos que demanden mano nacional, además de dar continuidad a otros proyectos paralizados por el ingreso de la pandemia.

Caboco  advierte que los recursos destinados a la construcción de dichas plantas serán utilizados por empresas y profesionales extranjeros, tal como ocurrió durante la construcción de la planta de urea y amoniaco.

“Lo que nosotros estamos planteando es generar, con esos mismos recursos que se estaban dando a esa obra, trabajo para el boliviano, con materiales que tenemos en Bolivia, esto significa escuelas, hospitales, postas sanitarias, donde el país genera una gran cantidad de mano de obra que eso es lo que nos interesa”, explicó Bustillos.

Se requiere que el estado inyecte recursos para invertir en la construcción de infraestructura, con este fin se tendría que echar mano a el ahorro del subsidio de la compra de combustible, estamos al pie de una de las crisis más agudas donde el capital privado esta por acabarse y no hay una respuesta concreta del estado.

Constructores y la necesidad de inversión

Gerente general en Compañía de Tecnología E Ingeniería Boliviana S.R.L… COTIB SRL,  Franklin Pérez reconoce la necesidad que la inversión pública es fundamental para el funcionamiento de una economía, pero que en el caso de Bolivia lamentablemente no se la está haciendo.

A raíz de los conflictos político-sociales de octubre y noviembre de 2019 y la pandemia del coronavirus, a partir de marzo de este año el aparato productivo está paralizado, uno de los sectores más afectados es el de la construcción.

Según Pérez que para reactivar la economía boliviana el Gobierno debe cancelar a las empresas constructoras las deudas pendientes de las planillas adeudadas desde septiembre de 2019, monto que asciende a Bs 2.500 millones.

Las instituciones contratantes a la fecha no han realizado los desembolsos que corresponden a las obras que se han terminado hace mucho tiempo. Hace más de seis meses que están en ejecución algunas. Entonces la situación es muy crítica del sector de la construcción puesto que no hay la cancelación de las planillas y nosotros hemos tenido que cubrir a proveedores, mano de obra, a la banca, impuestos con créditos inclusive, crédito de la banca, créditos personales, etcétera.

De tal manera que la situación es muy dura para el sector constructor, muchos ya se están deshaciendo de su patrimonio, con relación a la crisis de octubre, noviembre de 2019, hasta ese entonces no estaban canceladas la planillas, luego viene el tema de la pandemia. “Pese al cambio de gobierno de transición, igual estamos en la misma situación, no se ha avanzado absolutamente nada respecto al pago que corresponde a planillas”, advirtió Pérez.

El apoyo del gobierno a este sector es la postergación de los tributos, algo que el sector celebro es la flexibilidad de la banca respecto al diferimiento de el pago de los créditos hasta diciembre. Con un mayor apoyo a este sector y fundamentalmente cubrir algo que se ha trabajado, que está ejecutado inclusive obras que ya están terminadas, de tal manera que son esos temas los que complican al sector constructor y esperamos pues que tengamos con el Gobierno el acercamiento.

Hay ofrecimientos de créditos que ellos están consiguiendo, de tal manera que se pueda cubrir todas las obligaciones y es una parte importante que se cancele todo lo adeudado a la fecha.

Según Pérez se debe hacer un trabajo conjunto entre sector público y privado, la actividad privada está recuperándose, se están volviendo a inyectar de alguna manera algunos fondos para culminar algunos proyectos que se han iniciado; pero el diálogo franco con el Gobierno para poder empezar a reactivar el sector, pero hoy el tema de liquidez es central para la construcción, de tal manera que se pueda llegar a una sinergia entre el Gobierno y constructor y consensuar algunos acuerdos que permitan en plazos determinados poder reiniciar actividades para poder generar fuentes de empleo de manera directa e indirecta.

Las obras terminadas en el país puede llegar al 50%, en global de obras terminadas y obras en ejecución son en valor de Bs 2.500 millones, lo mínimo que se debe a las empresas, desde septiembre a la fecha, han ido desembolsando muy poco, no corresponden ni siquiera a un 10% de esto, entonces es fuerte todavía la deuda que se tiene. “Lo que interesa es dar una solución a este tema fijando un cronograma de desembolsos que sean más adecuados que nos permitan ayudar con la liquidez, ver nuevos proyectos también con el Gobierno”, puntualizó Pérez.

Encaminando la construcción

Uno de los indicadores de la evolución y desarrollo de la actividad constructiva son los permisos otorgados por los Gobiernos Municipales para poder realizar obras en las ciudades, ya sean nuevas o refacciones.

Tradicionalmente, el INE levantaba esta información en base a los datos entregados por los Gobiernos Municipales de las Capitales de Departamento, reflejando parcialmente la evolución de la actividad.

Por primera vez muestra información de los permisos de la construcción entregados por otros municipios de ciudades intermedias, lo que permite tener una idea más exacta de la evolución presente y futura de la actividad de la construcción.

En el caso de los Municipios de Montero, Warnes, El Torno, Cotoca, Porongo y La Guardia que cubren el área metropolitana de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, se evidencia que desde el año 2015 y que curiosamente la pública de manera íntegra y desagregada solo el 2019. Entrando en el análisis de los datos y con la información agregada de los nuevos Municipios desde el año 2013 en algunos casos, se observa que los permisos de construcción otorgados por los Gobiernos Municipales (medidos en metros cuadrados) tienen una tendencia creciente hasta el año 2016, momento en el que comienza a descender.

Del total de metros cuadrados autorizados para construir pasa de 2.591.333 el año 2013 hasta 2.844.322 metros cuadrados el año 2019, aunque el punto más alto se alcanzó el año 2016 con 3.350.030 metros cuadrados.

Los nuevos permiten ver el peso que tienen el resto de los Municipios que relevan información y que conforman las áreas metropolitanas de las principales ciudades del país, que el año 2019 representaron el 27,28 % del total de los metros cuadrados autorizados en Bolivia. En el área metropolitana de Santa Cruz, a partir del año 2015 que evidencia la dinámica importante de la construcción en los Municipios del área metropolitana, que en conjunto superan a los permisos otorgados por la Ciudad Capital, como se evidencia en la siguiente gráfica:

El año 2019 en el Departamento de Santa Cruz, se otorgaron permisos de construcción por un total de 617.931 metros cuadrados, correspondiendo a los Municipios del área metropolitana el 61.62% del total y a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra el 38.38%, lo que nos da una idea del peculiar fenómeno de expansión urbana de la ciudad capital del departamento.

Otro dato a destacar es la impresionante caída que se produce en los permisos de construcción otorgados, medidos en metros cuadrados, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, pues pasa de tener 1.033.533 metros cuadrados el año 2013 a sólo 237.161 metros cuadrados el año 2019, esto es una disminución del 77.05% en la superficie autorizada para construir.

Por la novedad de la información y su utilidad para el desarrollo de actividades constructivas en la región, se presentan a continuación los gráficos de la evolución de los metros cuadrados en permisos de construcción en los Municipios cruceños desde que se levantan estos datos: Warnes se destaca por la tendencia creciente.

El año 2019 autorizó permisos de construcción por 163.527 metros cuadrados, que para ponerlos en perspectiva, equivalen al 68.95% de los permisos que otorgó la ciudad de Santa Cruz de la Sierra ese mismo año. Respecto a los otros 3 Municipios, se debe destacar que Porongo entregó permisos de construcción por 157.120 metros cuadrados la gestión 2017.

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