El mercado del oro es uno de los más importantes en la economía mundial, ya que el oro es considerado un refugio seguro para los inversores en tiempos de incertidumbre económica. En la actualidad, existen cinco mercados principales de oro en el mundo: Londres, Nueva York, Zúrich, Hong Kong y SídneySin embargo, China, que se ha convertido en el primer productor y consumidor de oro mundial desde 2010, ha creado su propio mercado de oro, el Shanghai Gold Exchange, con el objetivo de dominar el mercado mundial. Este mercado cuenta con la participación de importantes refinerías y casas comerciales internacionales.
Según Alfredo Saconeta, experto en temas auríferos del Centro de Estudios para el Desarrollo, señaló “que el precio internacional del oro se determina en el London Bullion Market, que sirve como referencia para la fijación de precios en todos los mercados del mundo. El mercado de Londres utiliza un mecanismo de ajuste denominado London Gold Fix, que fija el precio del oro dos veces al día”.
En mayo de 2014, el Deutsche Bank se retiró del London Bullion Market, lo que llevó a la creación de un nuevo sistema de fijación del precio del oro, que utiliza la subasta electrónica y liquida en oro físico. Este nuevo sistema tiene como objetivo mejorar la transparencia de los índices de referencia de productos financieros.
Los Bullion Banks son los principales distribuidores en el mercado del oro y actúan como intermediarios entre los bancos centrales y los productores. Su fuente de ganancias radica en su capacidad de intermediación entre la producción y la demanda de oro, lo que les permite especular con las tasas de interés y realizar operaciones de compra, venta y préstamos en corto y largo plazo.
Además de los Bullion Banks, existen los Exchange Traded Funds (ETF), que son fondos especializados en inversiones aún más especulativas que los bancos. Estos fondos pueden generar ingresos a través de la volatilidad en el precio del oro y las fluctuaciones del mercado.
“En conclusión, el mercado del oro juega un papel importante en la economía mundial, y su determinación de precios es influenciada por los mercados de Londres, Nueva York, Zúrich, Hong Kong y Sídney, así como por el mercado de Shanghai. Los Bullion Banks y los ETFs son importantes actores en este mercado y tienen un impacto significativo en la fijación de precios del oro”, afirmó Saconeta.
El oro en Bolivia
La explotación del oro en Bolivia ha sido históricamente una actividad económica importante para el país. Sin embargo, en los últimos años ha entrado en un terreno de descontrol que favorece a particulares en detrimento de los intereses nacionales. Recuperar las riendas de esta actividad económica se ha convertido en un desafío para el gobierno boliviano, que busca retener para el Estado más de mil millones de dólares por año.
“El año 2022 las exportaciones de oro superaron los 3000 millones de dólares y la renta nacional, apenas, alcanzó a los 70 millones de dólares. Esta situación es insostenible y pone de manifiesto la necesidad de una regulación adecuada de la explotación del oro en el país”, indicó el Ministro de Minería Ing. Ramiro Villavicencio.
Desde siempre, la explotación del oro en Bolivia ha estado en manos del sector privado. Esta situación es llamativa, dada la importancia estratégica de este metal, la presencia del oro en todo el territorio nacional y la relativa facilidad de su extracción. En el año 2010, se hizo un intento de cambiar esta situación creando una empresa de explotación; pero, en lugar de esto, se creó una comercializadora que no podía competir con las empresas privadas.
Hasta la primera década de este siglo, las empresas privadas tuvieron en sus manos la extracción del oro de buenos yacimientos primarios y algunos aluviales; la participación de las cooperativas era importante, pero no tanto como la de las empresas. La cantidad de oro extraído por las cooperativas osciló, durante esa primera década, alrededor de 5 toneladas anuales.
La falta de regulación adecuada ha permitido que la explotación del oro en Bolivia se haya descontrolado. Actualmente, se ha producido un auge de la explotación del oro en las regiones de La Paz, Potosí y Oruro, y esto ha traído consigo una serie de problemas ambientales y sociales. Se ha registrado una deforestación significativa de las zonas de extracción, la contaminación del agua y la proliferación de actividades ilegales.
“Este escenario ha llevado al gobierno a tomar medidas para controlar la explotación del oro en Bolivia. Se ha creado una empresa estatal de explotación minera y se ha promulgado una ley para regular la actividad de las cooperativas mineras. Sin embargo, estas medidas aún no han sido suficientes para solucionar el problema”, contemplo Saconeta.
Recuperar el control de la explotación del oro en Bolivia es vital para el país. Se estima que la explotación del oro podría generar más de mil millones de dólares al año para el Estado, lo que significaría una importante fuente de recursos para el desarrollo del país. Además, una regulación adecuada de la actividad minera permitiría garantizar la protección del medio ambiente y de los derechos de las comunidades afectadas.
En conclusión, la explotación del oro en Bolivia ha entrado en un terreno de descontrol que favorece a particulares en contra de los intereses del país. Recuperar las riendas de esta actividad económica es un desafío para el gobierno, que debe tomar medidas efectivas para controlar la actividad minera y garantizar que los beneficios de esta actividad sean para el Estado y la sociedad boliviana en su conjunto.
Fuente: Elaboración propia a partir del Dossier 1980 – 2021 del Ministerio de Minería y Metalurgia
Durante la primera década del siglo XXI, las empresas privadas tenían el control de la extracción de oro en Bolivia, con algunas cooperativas que también participaban en la actividad. Sin embargo, la cantidad de oro extraído por las cooperativas era relativamente baja, con un promedio de 5 toneladas anuales. La situación cambió radicalmente a partir de la segunda década, cuando la extracción aumentó a casi 60 toneladas por año.
¿Cómo se explica este aumento tan significativo? En 2014, hubo un salto pronunciado en la cantidad extraída de oro, y se cree que se debió en parte a la entrada de oro peruano ilegal que fue registrado en Bolivia y luego reexportado legalmente. Aunque no se sabe con certeza cuánto oro peruano entró en Bolivia de esta manera, se estima que podrían haber sido unas 5 toneladas.
Este aumento en la extracción de oro tiene graves implicaciones para Bolivia, ya que el control de la actividad minera y la rentabilidad de la misma son cruciales para el desarrollo económico del país. La falta de control sobre la explotación del oro permite que particulares se beneficien a costa del Estado boliviano, que pierde millones de dólares en ingresos anuales.
“En 2022, las exportaciones de oro superaron los 3000 millones de dólares, mientras que la renta nacional apenas alcanzó los 70 millones de dólares. Esto es un reflejo de la falta de control sobre la explotación del oro y la necesidad de que el gobierno boliviano tome medidas para recuperar el control sobre esta actividad económica estratégica”, señaló Villavicencio.
Para ello, es fundamental crear una empresa de explotación de oro controlada por el Estado, que pueda competir con las empresas privadas y garantizar que los ingresos generados por la actividad minera se queden en Bolivia y se utilicen para beneficio del país y de su población.
En definitiva, es necesario que el gobierno boliviano tome medidas para recuperar las riendas de la explotación del oro en el país y garantizar que la rentabilidad de esta actividad económica se quede en Bolivia. Solo así se podrá avanzar hacia un desarrollo económico sostenible y justo para todos.
Pero, más adelante, el número de cooperativas ha crecido vertiginosamente, a un ritmo de casi 100 nuevas por año. Para esto han contribuido varios factores: las elevadas cotizaciones del oro en el mercado internacional, las limitaciones que tenemos en Bolivia para generar empleos alternativos, dignos y sostenibles; las concesiones que hace el gobierno al sector cooperativo, las debilidades del gobierno para hacer cumplir las normas que rigen el sector minero y cooperativo en particular, la poderosa organización que han constituido las cooperativas auríferas (incluso más poderosa que su propia organización matriz) y el debilitamiento moral de los socios cooperativistas que les habilita a incumplir muchas normas del Estado boliviano.
“Independientemente del gobierno que esté controlando el Estado, las cooperativas saben acomodarse para proteger sus intereses. Por ejemplo, el primer ministro de minería de Morales fue un cooperativista y el primer ministro de minería de Áñez fue un cooperativista”, contrapuso Saconeta.
Muchas de las ventajas logradas por el sector obedecen a las características de los socios iniciales de las cooperativas, gente con escaso capital, necesitada de empleo y con experiencia en las actividades mineras. Las cooperativas mantuvieron viva la minería nacional cuando las empresas estatales y privadas detuvieron sus operaciones por factores políticos y la caída de los precios de los metales en el mercado internacional. En ocasiones, autoexplotándose o, incluso, explotando a sus familias para extraer mineral de yacimientos que habían abandonado las empresas. El gobierno nacional, en algunas ocasiones, tuvo que subvencionar a las cooperativas para que logren niveles de ingresos mínimamente aceptables para sobrevivir; además, dispuso que la COMIBOL transfiriera sus activos no usados para que puedan ser aprovechados por los mineros, a diferente título; también se organizaron brigadas de ingenieros para dar soporte técnico a las labores de las cooperativas. Finalmente, se creó, dentro de la COMIBOL, una dirección de cooperativas para atender sus solicitudes, y, simultáneamente, dos cooperativistas pasaron a formar parte del directorio de COMIBOL. Varias veces, ellos manifestaron que estaban ahí para agilizar los trámites de las cooperativas. Los intereses del Estado quedaban en segundo plano. También, en la ley 1777, se autorizó que las cooperativas se asocien con empresas privadas para que éstas contribuyan con capital para explorar, desarrollar y preparar minas que, de otra manera, las cooperativas no hubieran podido explotar. Otros gobiernos otorgaron equipos, maquinarias, financiaron la construcción de ingenios, ayudaron a sobrellevar las deudas impagas de las cooperativas al Estado y las incorporaron al quehacer político del país.
“Todas estas concesiones y ventajas son comprensibles en el contexto que envolvió a la minería al finalizar el siglo 20. Precios muy bajos, escasa inversión en minería y cierre de operaciones. Pero, cuando empezó el siglo 21, estas condiciones cambiaron abruptamente, arrastradas por la expansión y crecimiento chinos. En algunos casos, los precios subieron 10 veces”, afirmó Villavicencio.
Fuente: Dossier estadístico del Ministerio de Minería y Metalurgia 2021 y Estadísticas del INE 2023
Estos cambios deberían haber provocado modificaciones en las ventajas concedidas a las cooperativas; pero no fue así. Continuaron y se profundizaron aún más. Con esto, el peso político, económico y social de las cooperativas creció, significativamente.
Las regalías mineras son compensaciones a las regiones por la extracción de un recurso natural no renovable, de sus territorios. Esta compensación es un porcentaje del valor del recurso extraído. Este porcentaje, estimado el 1997 en el código minero, se mantuvo inalterable en la ley 3787 y luego en la 535. Es 5% para casi todos los metales que exportamos; para la plata es 6% y para el oro, 7%; porque estos metales son más valiosos que los otros y, en el caso del oro, su obtención como metal mucho más simple que en los otros casos.
Es decir, el que explota oro debe compensar más a la región de donde se extrajo. Pero, como las cooperativas eran organizaciones de gente pobre, sin capital para arriesgar y con necesidades de sobrevivencia, el gobierno determinó que las regalías que paguen estas cooperativas sea sólo 2,5% para el oro; con la condición de que sus yacimientos sean marginales y su operación sea de pequeña escala.
Esta medida, que debía favorecer a gente pobre, fue aprovechada por gente inescrupulosa que declaró que su yacimiento era marginal y que su operación era de pequeña escala y, en lugar de compensar con el 7% del valor del oro, redujeron el porcentaje a 2,5%; pero esto no terminó ahí, la ley minera permite reducir esa compensación al 60% del porcentaje si se incorpora en el proceso minero una fase metalúrgica para obtener el metal y refinarlo o bien, si el producto se vende en el país para que otros se ocupen de añadirle valor (haciendo joyas, en el caso del oro) y, con esta otra rendija abierta, muchos operadores sólo pagan 1,5% de compensación a la región.
Fuente: Id, datos para el 2022 estimados a partir de información del INE y de proyecciones del Boletín estadístico del Ministerio de Minería y Metalurgia
La instancia de control del Estado que debería verificar si se cumplen las condiciones para favorecerse de esa reducción de regalía, difícilmente, puede hacer un trabajo en el extenso territorio que ocupan las cooperativas y, así, estas organizaciones aprovechan la coyuntura y la debilidad institucional para aumentar sus utilidades.
La ley 3787 dispuso que los operadores mineros pagasen un impuesto adicional a las utilidades, por los precios elevados de los metales en el contexto internacional, equivalente al 12,5% de las utilidades; pero, por el carácter social de las cooperativas, las liberó de este pago adicional. Lamentablemente para el Estado, la mayor parte de las cooperativas no paga ni el impuesto normal de 25% ni esta alícuota adicional y el Estado se ve privado de inmensos ingresos por esta situación.
El 75% del oro extraído del país proviene de yacimiento aluviales y más del 95% del oro exportado está registrado a nombre de cooperativas; un estudio realizado con las cooperativas que trabajan en estos yacimientos mostró que se requieren 90 litros de diésel para obtener 7 gramos de oro. Para el año 2022, esto significaría que se han empleado más de 600 millones de litros de diésel. La subvención estatal a este combustible varía en función del precio al que el Estado compra el combustible, por lo que se estima que la subvención a todos estos litros de combustible giró alrededor de los 500 millones de dólares.
Fuente: Id
El artículo 151 de la ley de minería prohíbe a las cooperativas asociarse con empresas privadas para efectuar sus operaciones y mantener su carácter de cooperativas y aprovechar de todos los beneficios que esto implica. Diversas inspecciones a los territorios de donde se extrae el oro han demostrado que hay muchas empresas extranjeras presentes, asociadas a cooperativas locales.
“El proyecto de ley del oro del 2021, en sus justificaciones, mostró una forma de aprovechar de los dólares del Banco Central sin que ingresen al país los dólares productos de la venta del oro en el extranjero. Ese proyecto proponía un mecanismo para evitar esta fuga de dólares. Lamentablemente, en el nuevo proyecto, este aspecto ha sido eliminado”, afirmó Saconeta.
Con el nuevo proyecto de ley, que tiene un denominativo sobredimensionado, el BCB, al comprar el oro en bolivianos y venderlo en dólares puede incrementar su liquidez muy rápidamente; pero esta determinación está limitada por la voluntariedad asociada a la venta de oro al Banco. La situación sería muy diferente en caso contrario, como establecía el proyecto anterior.
Lo cierto es que hay muchos elementos que deben cambiar en la gestión del oro para que el beneficio mayor llegue al Estado y no se quede en los bolsillos de particulares que aprovechan las debilidades gubernamentales para apropiarse del patrimonio de todos los bolivianos.