La Ley de Servicios Inmobiliarios no es excluyente y es necesaria para regular la comercialización de inmuebles

La Ley de Servicios Inmobiliarios no es excluyente y es necesaria para regular la comercialización de inmuebles

En una conferencia de prensa, el directorio de la Cámara Inmobiliaria de Santa Cruz, hizo conocer que el Proyecto de Ley de Servicios Inmobiliarios, presentado ante la Asamblea Plurinacional, ha sufrido una serie de tergiversaciones por parte de algunas instituciones como la Cámara de Industria, Comercio y Turismo (Cainco), entidad que emitió objeciones públicas para que se apruebe el citado proyecto.

Franz Rivero, Asesor Legal de Caincruz y vocero, sostuvo que algunas argumentaciones de la Cainco como que el proyecto es discriminatorio porque “sólo pueden ejercer quienes se hayan capacitado en Bienes Raíces”, no tienen asidero porque lo que se pretende es que quienes laboren en la correduría, compra y venta de inmuebles sean personas idóneas con un mínimo de formación técnico-académica, que permita que los demandantes sean atendidos por personas entendidas en la materia.

Destacó que el Proyecto de Servicios Inmobiliarios tiende a regularizar la labor de los desarrolladores inmobiliarios, para evitar que personas o empresas ilegales o clandestinas engañen a quienes necesitan de inmuebles. “En el proyecto no se menciona que se criminalizará a las personas que ejerzan libremente la actividad, bajo el pretexto de uso ilegal de la profesión, como indica la Cainco”, sostuvo Rivero.

La conformación de la Cámara Inmobiliaria de Santa Cruz data de 11 años atrás, obtuvo su personalidad jurídica el año 2011, en 2014 se elaboró un proyecto de ley que norme la actividad de los corredores de inmuebles con el objetivo de que personas idóneas o establecimientos legalmente establecidos ejerzan esa especialidad.

La norma tiene, entre otros objetivos, el combate a la informalidad de una forma conciliatoria y convencer a las personas que se dedican al corretaje sin ninguna formación, a que se aproximen a la Cámara para capacitarse, formalizarse y de ese modo se brinde un servicio serio y responsable a los clientes que deseen comprar, alquilar o realizar contratos anticréticos.

Sobre esas bases Caincruz hizo conocer a sus pares de Cainco que el proyecto de Ley de servicios Inmobiliarios no tiende a penalizar ninguna actividad, para ello están los estratos judiciales. Tampoco se pretende que las empresas que dedican su actividad al desarrollo inmobiliario sean experimentados o con títulos pomposos. “Lo que se desea es que haya un margen mayor de profesionalismo en el ámbito para que ninguna persona salga dañada y la sociedad en su conjunto cuente con personas idóneas en el ejercicio del desarrollo inmobiliario

Alcances del proyecto de Ley

Franz Rivero sostuvo que el espíritu de la Ley tiene el propósito de proteger al usuario o cliente de servicios inmobiliarios, de los actos de personas inescrupulosas que se escudan en la denominación de corredores inmobiliarios, sin ninguna formación o preparación para brindar un servicio tan importante, pero sí para cometer ilícitos como apropiación indebida, abuso de confianza y estafa, con serios efectos en la reputación de los que trabajan formalmente, cumpliendo las normas tributarias y comerciales a las que están sometidos todos los empresarios legalmente establecidos.

También existe la necesidad de compilar en un solo texto las escasas normas legales que regulan la actividad de intermediación inmobiliaria, como ser el Código de Comercio en sus arts. 93 y siguientes; el Código Tributario, cuyo ámbito de aplicación alcanza a todas las personas que realizan una actividad económica (el corretaje inmobiliario es un acto de comercio, y por ende, una actividad económica); la Resolución Administrativa de la AEMP/N° 091/2016, de 29 de noviembre de 2016, que obliga a las empresas unipersonales (entre ellos a los corredores inmobiliarios que se autodenominan independientes o freelancers) o sociedades comerciales dedicadas a la intermediación inmobiliaria a contar con matrícula de comercio.

El vocero explicó que, con una ley como la propuesta, y no así un Decreto Supremo u otra de jerarquía inferior, están confiados que se hará justicia, es decir, ya no habrá corredores inmobiliarios privilegiados, como son los informales que gozan de impunidad fiscal y comercial porque no cumplen las obligaciones que sí cumplen los otros es decir los formales. Esa injusticia, debida en parte por la dispersión de normas y la ausencia de una norma especial, genera desconocimiento de quienes deben cumplir la ley y de quienes deben hacerla cumplir.

Rivero agregó que a pesar que los argumentos expuestos que justifican la necesidad de una ley especial como la propuesta en este proyecto parecen validos desde cualquier punto de vista, no faltan sus detractores que, posiblemente, persiguen otros fines u objetivos y no así los de un beneficio para el cliente y para el mercado inmobiliario en general, es decir, para quienes intervienen como corredores inmobiliarios.

Aclaraciones sobre algunas detracciones públicas

Franz Rivero, a nombre de la Cámara Inmobiliaria de Santa Cruz (Caincruz), detalló las observaciones que algunas entidades como la Cámara de Industria, Comercio y Turismo (Cainco):

Según la Cainco se distorsiona el concepto de los tipos penales como el ejercicio indebido de la profesión.

Al respecto, Rivero sostuvo que el texto del anteproyecto solo se remite a un tipo penal ya previsto en el artículo 164 del Código Penal que establece que el que ejerciere indebidamente una profesión que requiere título, licencia, autorización o registro especial será sancionado con privación de libertad de uno a dos años.

Añadió que dicho tipo penal es claro al establecer como condición de dicho ilícito, que se requiere título, licencia, autorización o registro, es decir, alguna de esas cuatro situaciones para que se configure el delito.

“Por ello, dicho anteproyecto plantea la creación del Registro Nacional de Servicios Inmobiliarios que tramite los requisitos de licencia para ser corredor inmobiliario.  La pena por incurrir en ese delito, efectivamente es privativa de libertad de 1 a 2 años, la misma que se aplicará en virtud a los criterios del juzgado (juez) y luego de haber pasado por un proceso en el que se cumplan las garantías reconocidas por nuestra Ley fundamental y los Tratados internacionales, los cuales, como institución, defenderemos al igual que Cainco”, manifestó Rivero

Más consideraciones sobre el ejercicio profesional

Franz Rivero indicó que en su  numeral cuatro del proyecto indica: acreditar su formación profesional en materias afines a los bienes raíces “o” demostrar haber ejercido operaciones inmobiliarias sin interrupción, por el lapso de dos años.

En este caso, aquella persona natural, o también denominada “empresa unipersonal” (independiente o freelancer) en los términos que nos son familiares en la Cámaras, a las cuales defendemos por cumplir la ley, pueden acreditar sus 2 años de actividad en el sector mediante una certificación de su NIT y/o matrícula de comercio, “o” también acreditando formación profesional en materias afines a los bienes raíces, las mismas que seguramente se definirán en el Decreto Supremo reglamentario a esta ley, y “que en nuestro criterio podrían ser las de un curso de formación continua (para no profesionales), Técnico Medio, Técnico Superior, Diplomado o Licenciatura en carreras como Arquitectura, Derecho, Economía, Administración de Empresas, Ingeniería Comercial, Marketing, Comunicación u otras que sean previstas por el citado Decreto Supremo reglamentario”.

De esta forma, también se aclara que, la pretendida profesionalización de un corredor inmobiliario no debe ser necesariamente a nivel de licenciatura ni de técnico medio, si no, la de un curso que haya concluido con un examen o prueba idóneos que demuestren una aprobación. En Arquitectura, Derecho, Economía, Administración de Empresas, Ingeniería Comercial, Marketing, Comunicación, o que siendo bachiller tenga un curso de formación continua en corretaje inmobiliario o bienes raíces; “O” que demuestre haber ejercido en forma continua la profesión de corredor de bienes raíces durante un periodo no menor de dos años.

El portavoz de Caincruz manifestó “que un gerente general o representante legal de una SRL o SA del siglo XXI, mínimamente tenga un curso en estos temas que son vitales para que el negocio que dirija, sea medianamente sostenible y rentable.  Al respecto, también hacemos notar que el año 2012, la Cámara suscribió un convenio con la Universidad NUR, en el que desarrolló la malla curricular y realización del Primer Diplomado en Gerencia de Empresas Inmobiliarias, que estuvo abierto a gerentes y personas naturales que, al menos siendo bachilleres, tengan interés en conocer temas relacionados a la administración de una empresa inmobiliaria”, acotó.

EL Asesor Legal de Caincruz dijo que su entidad tuvo, tiene y tendrá las puertas abiertas a empresas locales, nacionales o extranjeras, para que sean parte de la misma como asociadas, y también a instituciones respetadas como Cainco, para que juntos impulsen el desarrollo del mercado inmobiliario cruceño y boliviano.

Los legisladores, al considerar el Proyecto de Ley de Servicios Inmobiliarios, deberán tener presente el mandato contenido en el artículo 145 de la Constitución Política del Estado, que establece que la Asamblea Legislativa plurinacional es la única con facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio boliviano.

“Es importante avanzar en la sanción de leyes especiales como esta, con la finalidad de evitar la tentación del ejecutivo u otra instancia administrativa a legislar mediante normas de menor jerarquía. Debe tenerse presente que, en el ejercicio de los derechos, nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden, ni a privarse de lo que éstas no prohíban”, aseveró.

Es el deseo de Caincruz que en un par de meses, esta ley sea tratada por el plenario de la Cámaras legislativas, que estás la sancionen sin modificaciones en el fondo o el espíritu de sus normas, y que el presidente las promulgue para que a partir de entonces, se inicie el trabajo de la reglamentación mediante Decretos Supremos que definan las normas operativas, en el que Caincruz también tiene propuestas útiles para el sector y su compromiso puesto en hacer el mejor trabajo posible.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *